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El ordenamiento social y político que representa la democracia obtiene su legitimidad de una promesa en el caso que ocurra una decepción sobre el desempeño de la acción gubernamental; la alternancia de poder. Esta rotación del poder se realiza a través de la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y justas con la participación activa de la ciudadanía y los partidos políticos. Dicha celebración conlleva un proceso electoral que depende y varía según cada contexto nacional.
El concepto del proceso electoral hace referencia a los pasos y/o fases que la legislación electoral contempla para renovar a los gobernantes a través de una elección general. Estos pasos contemplan la participación de funcionarios e instituciones públicas, partidos políticos y la ciudadanía en general. En otras palabras, el proceso electoral supone todas las acciones y fases institucionales que suceden desde “la convocatoria a elecciones y termina al ser declarada su conclusión por el Tribunal Supremo Electoral” (TSE, 2016).