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Si bien la democracia no tiene precio al tratarse de un sistema político que resuelve los conflictos sociales y legitima la representación política a través de la cesión de la soberanía popular en los actores políticos, la misma sí que cuenta con un costo de funcionamiento (Zovatto, 2016). Por consiguiente, el uso de los recursos económicos significa un elemento trascendental y necesario para la competencia y el correcto funcionamiento de cualquier sistema democrático.
Más que una distorsión de la democracia, el financiamiento de los principales actores de la democracia, los partidos políticos, es una variable necesaria en los sistemas de partidos y la democracia misma. La expansión de la democracia, así como la complejización de los procesos y las campañas electorales han supuesto la intervención de aún más capital en la vida político partidaria. No obstante, la presencia del dinero en la vida política y electoral es inevitable, más esto no implica desconocer los riesgos y distorsiones que él mismo puede llegar a introducir en el proceso democrático.